El reconocimiento del sometimiento de las administraciones públicas al principio de legalidad no tendría, en el ámbito jurídico, razón ser si de la misma ley no se desprenden los mecanismos necesarios para acceder a una vía jurisdiccional efectiva en caso de que sea necesario proteger los derechos subjetivos o intereses legítimos de los ciudadanos. No se trata de mermar ni obstaculizar la actividad de las administraciones públicas. esta visión de la justicia administrativa se ve superada ya hace muchísimos años, cuando en el contexto de los Estados democráticos se tiene como objetivo alcanzar el Estado de derecho que asegurará no solo el apego al principio de legalidad de sus órganos administrativos, sino el ejercicio de las garantías de los derechos de los ciudadanos, y no únicamente desde una óptica individualista, sino también en su conjunto, como la eliminación de los obstáculos que suponen un incorrecto ejercicio de las funciones administrativas en coherencia con el principio de buena administración presente en algunos ordenamientos jurídicos de Europa.
Las adaptaciones a los modelos de Estado y a las exigencias políticas de cada nación cumplen una función específica o se desprenden de una razón histórica, pero no pueden olvidar que la articulación del imperio de la ley y el reconocimiento de la posición jurídica del ciudadano “como titular de posiciones jurídicas y derechos fundamentales” es el resultado de un trabajo que le costó más de cien años al Consejo de Estado francés; es su obra histórica.
Aquel sistema de control del poder, que en su originalidad dio lugar al nacimiento del contencioso administrativo, se dice que desde hace más de una década está en crisis, puesto que, la peculiar forma de determinación de competencias y su administración interior entre otros temas, seguramente no ayudan al Consejo de Estado francés a mantenerse a la vanguardia de los sistemas contenciosos administrativos, pero no por eso pierde sus méritos históricos. Tal vez sería el momento de señalar al sistema contencioso administrativo alemán como uno de los sistemas más depurados. No son pocos los autores que lo señalan, entre otras singularidades por el sistema de acciones y recursos que se ajustan a la naturaleza de cada litigio, el rico conjunto de medidas cautelares o la capacidad de ejecución de las sentencias condenatorias o el importante desarrollo dogmático del derecho a la tutela judicial efectiva sobre el que se asienta el sistema alemán; sin embargo, la afirmación anterior no puede dar por descartado que otros sistemas contenciosos administrativos, articulándose en función de la protección de las garantías de los ciudadanos, evolucionen hacia el perfeccionamiento del proceso contencioso.
FUENTE:
Derecho Contencioso Administrativo 